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Por Mónica Fernández
Y la historia llegó a su fin. En la madrugada del último jueves, el Senado convirtió en ley el proyecto para pagarles a los holdouts y ponerle un punto final a la disputa que el país mantenía abierta desde hace una década con una porción de sus acreedores.
La palabra holdouts –vocablo que representa a los bonistas “rebeldes” que no habían entrado en los dos primeros canjes de deuda voluntarios que hizo la Argentina (en 2005 y 2010) después del default de 2001- se metió en nuestras vidas hasta el cansancio, lo mismo que “fondos buitres”, que son holdouts cuyo único negocio es litigar y llevar contra las cuerdas a los deudores. En el caso particular de la Argentina, estos buitres o inversores rapiña contaban con la ventaja de tener una sentencia firme de la Justicia de los Estados Unidos que obligaba al Estado a pagarles la deuda completa, los intereses acumulados y los gastos del juicio. El acuerdo al que arribaron con el equipo de negociadores del gobierno de Mauricio Macri implica una quita del 38% en el monto total a pagar.
Cerrar esta etapa significa el paso obligado para poder empezar a proyectar a mediano y largo plazo como país. Independientemente de las ideologías (el proyecto fue apoyado mayoritariamente por diputados y senadores de distintos arcos políticos), y del mismo modo que sucede en una familia, nadie puede pensar en construir y planificar si tiene su casa embargada. Y ésa era la situación en la que estaba el país: todo activo en el exterior (por ejemplo, un préstamo que el país quisiera tomar para hacer una obra de infraestructura) corría riesgo de ser embargado.
A partir de ahora, coinciden tanto expertos en economía, como políticos y empresarios, podrían empezar a abrirse ventanas de oportunidades. De acuerdo a los resultados de la 1° Encuesta sobre Perspectiva del Mercado Financiero elaborada por PwC y dada a conocer hace pocos días, el 92% de los CEOs y CFOs de las principales entidades financieras del país asegura que el acuerdo es positivo para la economía en su conjunto. El 67% lo calificó de “positivo” y el 33%, de “muy positivo”
El informe detalla que los ejecutivos consultados dijeron que “el impacto (del acuerdo) se verá reflejado en el segundo semestre de 2016, al que describen como un período de aumento de capitales y de la inversión productiva, financiamiento a largo plazo y crecimiento de la economía”.